CREER O REVENTAR

Artículos El salario y el empleo es el Modelo 28 de mayo de 2015

 

Luego de tres décadas de políticas neoliberales, bajo regímenes dictatoriales cívicos-militares y de democracias tutelas por los sectores dominantes de la economía nacional e internacional, comienza en la Argentina el 25 de mayo de 2003 un nuevo ciclo político de reparación y de reconstrucción histórica, con la firme decisión política de recuperar las instituciones del Estado nacional para ponerlas al servicio de un nuevo patrón de crecimiento y desarrollo.

Es a partir de la crisis del paradigma neoliberal, en un contexto signado por el colapso político, económico, social e institucional, donde comienza a tomar fuerza y mayor relieve los cuestionamientos hacia la concepción propia de la funcionalidad del mercado como único asignador de recursos y a la idea del Estado limitado en sus competencias, asignándole un mero rol de administrador y de mitigador de las tensiones sociales.

Podemos señalar, afín de establecer una referencia de carácter temporal, los sucesos acontecidos el 19 y 20 de diciembre de 2001 como contexto en donde irrumpe y, por lo tanto, toma visibilidad el escenario de crisis. Pero para lograr una mayor comprensión, se debe considerar que esa irrupción es consecuencia de un periodo marcado por un proceso de acumulación política y económica, que estuvo orientado al desmantelamiento de las instituciones políticas-estatales, al crecimiento progresivo del endeudamiento externo, acompañado por una apertura económica que atento contra el desarrollo industrial y el empleo y que generó niveles de exclusión, pobreza y marginalidad inéditos en la historia de nuestro país.

En ese escenario de quiebre de paradigma, marcado por el fin ciclo neoliberal y el comienzo de un nuevo periodo político, no puede concebirse sin considerar la necesaria y fundamental recuperación de la autonomía política y, por lo tanto, del Estado nacional por sobre los poderes no democráticos de la sociedad. Siendo éstos los pilares esenciales para poder explicar la articulación de un desarrollo basado en la distribución y en la inclusión, con un fuerte componente de carácter solidario para lograr el bienestar del conjunto de la población.

Esos cimientos, de características seminales, le brindaron a este periodo su propia singularidad respecto a los anteriores gobiernos de esa nueva etapa democrática iniciada en 1983, ya que posibilitaron el restablecimiento de los poderes y las facultades políticas institucionales del Estado, generando las bases necesarias para una refundación económica, política y social. La independencia y autonomía del poder político logró liberar a las instituciones de la Republica de los intereses del privilegio, de los sectores dominantes de la sociedad argentina.

A partir de la recuperación del Estado, como activo actor en materia distributiva y reasignador de recursos, se dio comienzo a un crecimiento económico basado primordialmente en el desarrollo del mercado interno. En ese marco, de políticas socioeconómicas orientadas a incentivar y fortalecer la demanda local, se logró generar un efecto dinamizador que marcó el inicio de la recuperación de la actividad económica, luego de varios años de estancamiento y recesión.

Esto fue consolidando progresivamente un nuevo orden político macroeconómico destinado a diseñar un proyecto de inclusión y recomposición salarial, basado en la vinculación entre las diferentes ramas de actividad y en la movilización de recursos con la finalidad de financiar la demanda y lograr así la generación de puestos de trabajo.

A partir de ese escenario, de recomposición de la actividad económica y el restablecimiento de las facultades propias del Estado, comienza nuevamente a ganar relevancia y protagonismo las institucionales laborales, con el propósito de canalizar las disputas entre el capital y el trabajo, generando marcos de negociación colectiva.

Es así como comienza a reconstituirse y se vuelve a incorporar la concepción sobre la necesidad de encauzar, dirigir y orientar, desde las instituciones propias de las relaciones del trabajo, los conflictos que subyacen en el mercado laboral. Desarrollando una perspectiva de carácter colectiva sobre las problemáticas que hacen a la actividad del trabajo, despojándose de la noción prevaleciente durante el ciclo neoliberal, en donde se priorizaba un enfoque desde una óptica particularista y, por lo tanto, fragmentaria de la sociedad.

Esto demuestra un contraste significativo con lo sucedido a lo largo de la década del 90’, en donde se aspiraba a empleos sin regulaciones, con ausencia sindical, sin prestaciones sociales, inestables y, consecuentemente, escasos. A partir de 2003, las propias contiendas que tiene lugar en el mercado de trabajo, por parte de los empleadores y los trabajadores, son mediatizadas y encausadas a partir de marcos institucionales colectivos de negociación, que han generado una revitalización de los actores sindicales como también empresariales.

De esa manera, la aplicación de políticas públicas focalizadas a canalizar los divergentes intereses de los actores que componen el mundo laboral, es característico de un proyecto político que procura constituir los andamiajes necesarios para la generación de una sociedad vertebrada en el trabajo y, por lo tanto, conformar un modelo inclusivo orientado al pleno empleo.

Es entonces que podemos sostener, que bajo el paradigma neoliberal predominante durante el ciclo anterior, en donde por la vía del mercado y mediante la implementación de políticas de ajuste y desregularización, se tenía como propósito generar altos niveles de desempleo para lograr el disciplinamiento de la clase trabajadora y así aumentar los márgenes de rentabilidad empresaria vía devaluación salarial.

Durante el ciclo neoliberal, más precisamente durante la década de los 90’, se dieron altas tasas de crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno (PBI), acompañado por un incremento acelerado de la desocupación, como consecuencia de la destrucción del aparato industrial.

Se visualiza entonces que la tasa de crecimiento no genera por sí mismo un proceso de generación de empleo. Solamente podemos sostener que el crecimiento puede ser acompañado por la creación de puestos de trabajo cuando este mismo se encuentre estrictamente vinculado bajo un patrón de acumulación que articule ambas variables, en la dirección de desarrollar un proceso de industrialización y ampliación del mercado interno.

Por ello, para pensar y diseñar un modelo de crecimiento de carácter inclusivo es necesario enlazar articuladamente las políticas macroeconómicas en relación con las  sociales y laborales. Esto es lo que se ha desarrollado como política de gobierno desde mayo de 2003 y que se ha profundizado a lo largo de estos últimos doce años, brindándonos la posibilidad de debatir y repensar una nueva “sociedad del trabajo”, en un contexto global sumamente complejo en materia de empleo y crecimiento, signado por altas tasas de desempleo y contracción económica por parte de los países centrales.

A partir de este nuevo ciclo político, en contraste con el anterior, se coloca al empleo como eje principal en el centro de las políticas públicas. Es así como se irá  conformando un círculo de carácter virtuoso entre el crecimiento del empleo, las capacidades de consumo de la población y el incremento de las tasas de inversión, logrando desde un comienzo un incremento de la masa salarial y una disminución en los índices pobreza y marginalidad.

Esa recuperación creciente de la actividad económica en general y del mercado de trabajo en particular, se debe a las mejoras en la distribución del ingreso, al fortalecimiento de las instituciones estatales y a la formación y capacitación de los nuevos actores laborales. Es así como desde un comienzo se impulsó la promoción de incluir a los colectivos laborales más postergados y vulnerables de la sociedad, focalizados en los trabajadores no registrados y de bajos salarios.

A parir de la inauguración del Dialogo Social, que se enmarca en un órgano tripartito, siendo un espacio de concertación coordinado por el Estado, en el cual participan los diferentes actores del mercado laboral, sindicatos y empresarios, se establecen los nuevos objetivos relacionados a la recomposición del salario y a la inclusión de los trabajadores.

No debemos perder de vista que, las políticas desarrolladas desde el año 2003 en nuestro país y, posteriormente, al contexto de la crisis internacional iniciado en 2008, fueron constantemente direccionas al crecimiento de la actividad económica con el propósito fundamental de sostener el incremento del trabajo formal, los niveles de ingresos, ampliar la cobertura de la protección y seguridad social. En contraposición, podemos observar lo que ha venido sucediendo en los países denominados desarrollados, en donde las instituciones del trabajo se han debilitado notablemente a partir de las medidas de austeridad, que han generado un contexto de desempleo masivo y la pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores.

En este contexto electoral que se aproxima, corresponde señalar con énfasis que el salario y el empleo han sido los dos ejes centrales de nuestro proyecto político, ejes que debemos sostener y defender de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2015.

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